Si bien no tuvieron éxito cuando intentaron ser ministras de la Suprema Corte, Loretta Ortiz y Verónica de Gyves fueron designadas consejeras de la Judicatura por un periodo de cinco años. Más allá de las simpatías políticas de estas dos abogadas, tanto la académica como la jueza prometen aportar aire fresco a un órgano tan anquilosado como este organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados del país. La pregunta que se hacen muchos abogados es si una intelectual tan creativa y tan inquieta como Loretta Ortiz va a aguantar mucho tiempo los asfixiantes ritmos de la burocracia judicial. Lo mismo se dice de Bernardo Bátiz que, finalmente, encontró su lugar.
En noviembre, el INAI celebró su decimosexta Semana Nacional de la Transparencia. En la inauguración, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, aludió a la reivindicación histórica de la rendición de cuentas que trajo consigo la “4T”, pues el nuevo gobierno, dijo, no se conformará “con una visión burocrática ni publirrelacionista de la transparencia”. Presumió “el innovador portal” Nómina Transparente (nadie le dijo que esta información se publica en internet desde 2007) y destacó que la Cuarta Transformación avanzará hacia un modelo de transparencia “democrático-expansivo”. ¿Incluirán al órgano constitucional autónomo especializado en la materia? Nadie lo sabe. El comisionado presidente del INAI prefirió no averiguarlo y retomó el discurso de la “honrosa medianía” de Benito Juárez. En lugar de hablar de los retos de la transparencia, prefirió destacar la austeridad con la que se organizó el evento.
Las especulaciones sobre los dizque anarquistas que, de cuando en cuando, aparecen para hacer destrozos en la UNAM están a la orden del día. Puesto que son grupos bien adiestrados —“comandos”, señaló la propia UNAM—, no es creíble que sean espontáneos que quieren denunciar el mal gobierno. A todo el mundo le queda claro que son grupos de choque entrenados y enviados por alguien. La pregunta es: ¿por quién? ¿Por el gobierno federal que quiere recordar a la Universidad que no debe creerse muy a pecho lo de la autonomía? ¿Por algún partido político o facción deseosa de obtener tajada a través de algún nombramiento o de alguna prerrogativa al margen de la ley? Cualquier hipótesis es bienvenida.
La cifra que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el feminicidio resulta escalofriante: 38 de cada 100 mujeres son asesinadas en todo el mundo por sus propias parejas masculinas. Se añadió que México es modelo de prevención con su Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero cuando uno se entera de lo que ocurre en el Estado de México, con personajes como el “chacal de Ecatepec” o, peor aún, con casos como el del padre de Jessica Guadalupe Jaramillo, que denunció el secuestro de su hija y señaló a la policía la casa donde se le tenía privada de la libertad y ésta le dio largas y largas, hasta que el homicida se dio a la fuga dejando tras de sí el cadáver de la joven, las cosas no parecen nada halagüeñas.
Hablando de feminicidios, de poco servirán las marchas y expresiones de indignación de miles de mujeres mexicanas para frenar la violencia contra ellas mientras existan jueces y magistrados como los que llevaron el asunto de Abril Pérez Sagaón, quienes, tras dictar prisión preventiva, decidieron reclasificar un delito de tentativa de homicidio por uno de violencia doméstica, dado que el agresor intentó matar a su mujer mientras dormía. Si la mujer hubiera estado despierta, otra cosa hubiera sido, adujeron. La duda que debe aclarar el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México es si el caso fue una notoria incompetencia o un asunto de corrupción. Debe una explicación.
Algunos senadores panistas están impulsando la peregrina idea de hacer imprescriptibles los delitos de abuso sexual a menores, puesto que —aducen— el trauma que dejan estos abusos es tan grave que la víctima puede tardar 20 años o más en denunciarlos. Nadie niega la gravedad del asunto, como nadie niega que un secuestro o la pérdida de un órgano puedan dejar secuelas de por vida. Pero la prescripción —civil, laboral, administrativa y penal— tiene su lógica: al paso de los años, las pruebas son difíciles de obtener y la ausencia de seguridad jurídica permitiría toda suerte de abusos. A lo que hay que apostar es a la seguridad y a la prevención.
Muy merecido el Premio Nacional de Ciencias y Artes que este año se confirió a Diego Valadés en el ámbito de las ciencias sociales. Pocos juristas han laborado en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—; muy pocos han formado parte de los tres poderes de la Unión y poquísimos han sido los que, desde cada una de estas trincheras, han contribuido a consolidar nuestro Estado Democrático de Derecho, como Valadés. Las ideas y los modelos constitucionales que ha impulsado desde sus cargos o en la academia lo hacían, desde años atrás, un candidato insuperable. ¡Enhorabuena!
La entrada en funciones del Registro Nacional de Detenciones constituye una estupenda noticia para todos los mexicanos. Si un talón de Aquiles ha tenido el sistema penal acusatorio, éste ha sido la “puerta giratoria”. Pero si los infractores entran y salen de prisión ha sido, precisamente, por la falta de un registro. Hay que felicitar al Centro Nacional de la Información y a la Plataforma México por este logro.
José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía, puso el dedo en la llaga cuando, en la entrevista que concedió a La Jornada, señaló que la abogacía mexicana había quedado mucho a deber a México. Esperaba reacciones solidarias de la comunidad jurídica, pero se encontró con pared: 15 expresidentes de la Barra Mexicana y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados se sintieron ofendidos e indignadísimos. Se rasgaron las vestiduras y consideraron que el agravio era un asunto mayor, por lo que han exigido que De la Garza les ofrezca disculpas. ¿Lo hará?
La señora Rosario Ibarra, nueva titular de la CNDH, ha anunciado sus primeras acciones para defender los derechos humanos en México: no contratar empleados eventuales, reducir el número de asesores, revisar los contratos del personal de limpieza, no remodelar oficinas, reducir al mínimo los gastos de viajes, rechazar regalos que superan los 5,000 pesos y —lo más importante— abrir los elevadores del edificio de la CNDH a todo el personal. Lo que se ahorre, ha dicho, se dará a las víctimas de abusos y delitos. Alguien debiera informarle a la señora Piedra que existe una Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (CEAV) que, precisamente, se dedica a atender a las víctimas.