Ante la recesión económica que se avecina, ni la opción neoliberal ni la de extrema izquierda darán resultados. Así lo ha probado la experiencia histórica. Hacia donde debemos mirar es a los modelos keynesianos. Así es como se han superado las crisis a lo largo de la historia, por más que, en tiempos de auge, se menosprecie a Keynes y se exalte la libertad absoluta. Hasta el presidente Trump ha prometido apoyo y estímulos a la empresa privada para que Estados Unidos se recupere. Cuando el presidente Hoover no lo hizo en 1929, provocó una debacle de escala mundial. En México, las autoridades financieras parecen pasmadas. “Le tienen terror a López Obrador”, dicen quienes los conocen. Pero ese terror debe superarse por el bien del país. Hay que tener listos los planes de recuperación.
La crisis del coronavirus ha despertado múltiples inquietudes en el mundo del Derecho. Roberto Gargarella y otros académicos se preguntan si, frente a la epidemia, es realmente necesario “restringir las libertades compulsivamente”. Si bien él piensa en Argentina y cómo se ha abusado del estado de sitio, todos estamos obligados a revisar el marco constitucional y legal que regula esta facultad del Estado. En México, el artículo 29 de nuestra Carta Magna, para ser precisos. Según Yuval Noah Harari, cada país verá afectada su vida política de dos maneras: o se fortalecerá la sociedad civil o se endurecerá el estado autoritario, entrometido y controlador. Ojalá que, en México, contra viento y marea, suceda lo primero.
A propósito del estado de sitio, ojalá que éste sirva, realmente, para comprar equipo y apertrechar hospitales, contratar médicos y enfermeros, surtir fármacos y habilitar ventiladores. La declaración del presidente de la República de que cuenta con 400 mil millones de pesos para paliar la epidemia no suena creíble, pero sí el anuncio de Carlos Slim de que donará mil millones de pesos para dotar a los institutos nacionales de salud que atenderán los casos de epidemia. Si el medicamento que ha anunciado el virólogo francés Didier Raoult —una mezcla de hidroxicloroquina y de azitromicina— resulta o no, o si se consigue una vacuna a final de 2020 o no, esto no debe impedir que se aproveche este estado de sitio de manera productiva. No hacerlo sería imperdonable.
¿Será cierto que algunos legisladores de la Cuarta Transformación estudian presentar una iniciativa para cambiar el nombre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ponerle Tribunal Superior de Justicia Federal? Eso de los tribunales constitucionales, dicen, es cosa del neoliberalismo. Si la iniciativa progresa, habrá que reformar también el 105 de la Constitución y otros muchos artículos. “De todos modos”, aducen, “son letra muerta”. Ojalá que pronto se les pueda desmentir.
Si el coronavirus y la caída del petróleo no fueran suficientes, el World Justice Project bajó la calificación de México en materia de Estado de Derecho. La investigación anual revisa, entre otros indicadores, los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto y la garantía de los derechos humanos. Estar por encima de la dictadura de Maduro en Venezuela, de Camboya y de la República del Congo no es sorpresa, como tampoco lo es estar por debajo de Dinamarca, Noruega y Finlandia, que ocupan los tres primeros lugares. Lo que debería alarmarnos es haber obtenido una calificación inferior a la de Sierra Leona, Zambia y Togo.
A propósito de índices de corrupción, la encuesta que realizaron la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y el periódico Reforma, y cuyos resultados se dieron a conocer a principios de marzo, no fue alentadora. Aunque sólo mide “percepciones”, 53 por ciento de los mexicanos cree que la corrupción ha aumentado en el país. Y, como dicen los ingleses, en política perception is reality.
La comunidad jurídica de México recibió con beneplácito la reelección de Raúl Contreras como director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por la visión y la energía que desplegó durante sus primeros cuatro años es fácil adivinar que continuarán sus éxitos los cuatro siguientes. Enhorabuena.
La decisión de haber urdido una disparatada “consulta popular” para cancelar la planta de 1,400 millones de dólares que la cervecera Constellation Brands estaba por abrir en Mexicali resulta atroz por donde se le mire. Desde el punto de vista político, económico y jurídico es una aberración. Hay que poner un alto a la visión ideológica de extrema izquierda que amenaza con dar al traste con la inversión nacional, con la inversión extranjera… y con el país. Más allá de temas como el agua y el daño ecológico, el mensaje a los inversionistas fue tremendo.
A pesar de la inconformidad que expresó México, Luis Almagro fue reelegido como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Luz Elena Baños, representante de nuestro país, advirtió a Almagro que iniciaba este nuevo período “con el rechazo de un grupo importante de estados”. Pese a todo, la noticia tiene su lado positivo: si alguien ha denunciado y combatido la dictadura en Venezuela y el enriquecimiento inaudito de Nicolás Maduro y su grupo de militares a costa del pueblo venezolano, ése ha sido Almagro. Hay que apoyarlo en su cruzada.
Ahora que Luis Rodríguez Manzanera fue elegido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales tendrá mano para modernizar la asociación. Para empezar, podrá impulsar que el número de sus miembros no se reduzca a 35. Esto ha impedido que la academia se renueve. La endogamia tiene ventajas —permite que nada se salga del control de sus dirigentes— pero su costo es altísimo: no fluyen ideas y no circula sangre nueva. También podrá rediseñar el logotipo, más propio de un sindicato agrario que de una institución académica, y hacer propuestas para modernizar nuestro sistema penal. Rodríguez Manzanera es un hombre de ideas avanzadas y ahora tendrá ocasión para demostrarlo.